Por  Emilio Muñoz Berruecos/Centro Fray Julián Garcés

El Covid–19 (coronavirus) se ha vuelto el tema de interés en este tiempo y no es para menos dado el número de víctimas que ha cobrado a nivel mundial. La crisis económica que ya inició –el dólar llegó hasta los 25 pesos– seguramente generará también una crisis social y ambiental. De entrada y lamentablemente la pandemia inmovilizó las diversas protestas públicas que se habían venido desarrollando en América Latina y México, especialmente aquellas que señalan al neoliberalismo y al patriarcado como causante de múltiples violencias.

En estos días las autoridades han hecho un llamado ante la pandemia, la cual consiste en establecer un distanciamiento de 1.5 metros entre una persona y otra, además han pedido quedarnos en casa, evitando lo más posible contacto con otras personas para contener algún contagio, entre otras recomendaciones. Lo anterior hace pensar en aquellas mujeres que viven violencia a manos de sus parejas (quienes viven en sus casas) o en aquellas niñas o adolescentes que son abusadas por algún pariente cercano (padre, hermano, tío o primo), ¿dónde queda su red de protección ante esta pandemia? ¿Qué va a suceder con ellas hasta que se cumpla la cuarentena?

Además, se sabe que en México 9 millones 266 mil 211 mujeres han tenido que asumir la crianza y manutención de sus hijos e hijas a causa de un padre que decidió ausentarse, ¿qué sucederá si estas mujeres tienen que quedarse en sus casas? ¿Se les pagará íntegramente su sueldo por los días que tengan que ausentarse ante la pandemia? ¿Podrán integrarse a sus trabajos después de que el riesgo de contagio haya disminuido? ¿Cómo harán para combinar sus trabajos y el acompañamiento a sus hijos e hijas en las tareas que desde las escuelas se les dejen?

Para decir “quédate en casa y no salgas”, es necesario garantizar que las mujeres no sean víctimas de violencia, que no tengan que preocuparse por si tendrán dinero para comprar comida o pagar la renta; si presentan alguna complicación de salud deberían poder acudir al hospital por atención médica gratuita, segura y confiable, de otra manera quedarse en casa y no salir será realmente complicado.

Durante las últimas décadas en nuestro país ha sido una constante que los derechos de las personas no estén garantizados y la realidad es que la pandemia además de provocar muertes, generará la agudización de la violación de los derechos humanos y el empobrecimiento, lo cual coloca en mayor riesgo a las mujeres frente a ciertas violencias, entre ellas la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Los hogares y las comunidades deberían ser los espacios en los que las mujeres y las niñas tengan la mayor seguridad, sin embargo, ante la actual crisis y la posible agudización de ésta, es necesario que se continúen implementando mecanismos que permitan prevenir la violencia de género. Entre otras cosas es importante que se dé cumplimiento al Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Tlaxcala, publicado el pasado 4 de marzo en el Periódico Oficial del estado. En él se establecen los mecanismos de coordinación institucionales entre las dependencias y entidades que integran la administración publica estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, establece el procedimiento para la reparación del daño, contempla la operación de refugios para víctimas, creación del Programa Estatal para combatir la trata de personas, atención médica integral, resguardo de identidad, programas de reinserción para las mujeres y niñas que fueron víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Si no se implementan estas y otras acciones, entonces tenemos una alta probabilidad de que la violencia hacia las mujeres crezca.

Ante la actual crisis generada por la aparición del coronavirus, es necesario fortalecer las diversas agendas por el respeto a los derechos humanos.

Es una Asociación Civil sin fines de lucro. Surge en el año 2002 a petición de las comunidades congregadas en la Pastoral Social, ahora Pastoral de Derechos Humanos, a partir de los resultados del diagnóstico que realizaron sobre la situación de violaciones de derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.

El Centro Fray Julián Garcés