Por 

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro “Fray Julián Garcés”, Desarrollo Local y Derechos Humanos A.C., advirtió que ante la inacción gubernamental que ha prevalecido y la pandemia del Covid-19, el grado de vulnerabilidad de pacientes con males relacionados a la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, incrementa significativamente.

Por tanto,  hizo un llamado a las autoridades para que implementen acciones que garanticen derechos humanos, como lo son a la vida y a la salud, en lugar de continuar con la violación sistemática de estos.

“Hemos reflexionado con las comunidades aledañas al cauce, hacer caso de las medidas de contingencia sanitaria, es importantísimo, porque de por sí ya hemos documentado y denunciado la vulnerabilidad en la salud de la población antes de esta contingencia”.

Hay –señaló– casos de habitantes de la zona sur de la entidad con cáncer, insuficiencia renal y leucemia, quienes ahora con este virus están en alta vulnerabilidad, por eso hemos analizado en conjunto que es necesario atender las recomendaciones sanitarias.

Hasta ahora, de los grupos con los que el Centro trabaja “no hay ningún reporte” de posible contagio y se espera que con las previsiones tomadas no se registre ninguno. “Hemos estado permanentemente al tanto de ellos a través de la red que formamos”.

Este momento de emergencia es importante que los gobiernos atiendan y pongan a disposición toda la infraestructura tanto física como humana, demandó.

“Sin embargo, hemos visto en el transcurso de los años que los gobernadores que han pasado no han tenido un interés real por prevenir los efectos en la salud ni mucho menos por crear condiciones tanto de infraestructura hospitalaria como de médicos especializados para que puedan atender este tipo de problemáticas”.

Acentuó que frente al Covid-19 el reto es “muy fuerte y grande”, porque de por sí ha habido un debilitamiento de las instituciones que no permite la garantía del derecho a la salud, además de que se tiene un panorama estatal con porcentajes elevados de insuficiencia renal, pues así lo han señalado y documentado instituciones, incluidas las académicas.

En diferentes momentos esta organización ha señalado que este problema está relacionado con la contaminación del agua, particularmente en la cuenca Zahuapan-Atoyac, pero el gobierno se niega a reconocerlo, añadió.

Por otra parte, recordó que el Centro Fray Julián Garcés celebraría en mayo próximo su aniversario XVIII, por lo que será pospuesto, en función de las indicaciones que las autoridades sanitarias emitan en torno a la contingencia por el Covid-19.

En esta ocasión la organización resalta estos 18 años dedicados “a la construcción de vida y comunidad con esperanza”, pues desde su fundación y a la fecha, ha sido objeto fundamental el fortalecer a sujetos comunitarios para que sean activos en la exigibilidad y acción de derechos frente a dos problemáticas: daños a la salud en la vida comunitaria por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Recordó que el Centro Fray Julián Garcés surge del diagnóstico realizado por la Pastoral Social y estas dos situaciones, “desde 2001 hasta ahora, la población sigue viviendo graves violaciones a sus derechos, si bien ha habido avances, falta mucho por hacer”.

Es una Asociación Civil sin fines de lucro. Surge en el año 2002 a petición de las comunidades congregadas en la Pastoral Social, ahora Pastoral de Derechos Humanos, a partir de los resultados del diagnóstico que realizaron sobre la situación de violaciones de derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.

El Centro Fray Julián Garcés