Por Federico Luis Pohls Funetevilla/Centro Fray Julián Garcés 

Este es el encabezado con el que el día 29 de enero de este año la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con sede en Europa, hizo público su estudio sobre los vínculos que se han encontrado entre la destrucción del medio ambiente y la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con su publicación electrónica, “la destrucción de la naturaleza a menudo conduce a la violencia de género, incluyendo las agresiones sexuales, la violencia doméstica y la prostitución forzada. La competencia por recursos cada vez más escasos y degradados está exacerbando estas formas de violencia.” El estudio, formalmente titulado “Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente: la violencia de la desigualdad” da cuenta de cómo en muchos lugares del planeta “la violencia de género se utiliza principalmente como un medio sistémico para reforzar los privilegios existentes y los desequilibrios de poder sobre funciones y recursos.” Y, en voz de la doctora Grethel Aguilar, directora general interina de la UICN, el estudio muestra que “la degradación ambiental afecta hoy nuestras vidas de maneras que son cada vez más imposibles de ignorar, desde los alimentos hasta nuestros empleos o nuestra seguridad…”.

Así, en siete partes principales el estudio muestra que los daños que estamos causando a la naturaleza alimentan también la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Y, desgraciadamente, en casi todos esos capítulos, se menciona algún caso en el que México tiene un papel destacado. Por ejemplo, en torno a las relaciones de género en la gestión forestal, en las que las mujeres están subrepresentadas o excluidas; a la invisibilidad de las mujeres en razón de la desigualdad, cuando su trabajo y su participación no es tomada en cuenta para tener derecho de participación en organizaciones económicas y sociales; en torno a la afluencia de trabajadores en proyectos de construcción, extractivos o industriales, que provoca el aumento en las agresiones sexuales, la prostitución y la trata de mujeres para la explotación sexual.

El estudio afirma que, tan sólo en México y Centroamérica, entre 2015 y 2016 se registraron un total de 609 agresiones contra mujeres defensoras de los derechos humanos ambientales. Así, pues, con mucha información detallada en ejemplos y casos específicos, el estudio muestra que las mujeres y las niñas, en el mundo y en México en particular, se enfrentan a la violencia sistemática como un medio para evitar que participen específicamente en las actividades de cuidado, saneamiento y conservación ambiental. Violencia que se ejerce en este y en todos los ámbitos, como ya es sabido y se ha manifestado con mucha fuerza en estos últimos meses, en la esfera privada familiar, en la social comunitaria y, muy fuertemente también, en la esfera pública institucional, llegando a su límite máximo en el feminicidio.

Al final de la presentación del estudio, la doctora Grethel Aguilar, como si supiera que los gobiernos en Tlaxcala siempre se han negado a reconocer que los dos problemas más graves del estado son la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y la devastación socioambiental, indicó que “este estudio refuerza la urgencia de detener la degradación ambiental al mismo tiempo que se tomen medidas para detener la violencia de género en todas sus formas, y demuestra que a menudo estos dos temas se deben abordar de forma conjunta.”

Y ahora, como en otras ocasiones, seguiremos preguntando: ¿será que algún día el gobierno de Tlaxcala se preocupará en verdad por hacer bien las cosas, por buscar el bien de la población y no sólo el de las industrias, porque se repare el terrible daño socioambiental que se ha causado a las comunidades y, sobre todo, a las mujeres y las niñas violentadas y siempre en riesgo de ser tratadas?