El Legislativo debe contribuir a la igualdad sustantiva y no solo formal

24 de febrero de 2020

Si bien México y Tlaxcala han avanzado en la igualdad formal, es decir, “la adopción de leyes y políticas que tratan de manera igual a hombres y mujeres”, no pasa lo mismo con la igualdad sustantiva. ONU Mujeres, en el documento “Igualdad de género”, nos dice que “…para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y personales y exista un contexto propicio para lograrlo en los hechos, es decir, implica la obligación del Estado para remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos”.

En Tlaxcala no existe un contexto para que las leyes y políticas públicas se apliquen y generen las condiciones para que las mujeres exijan y ejerzan sus derechos. Una de las causas de esta situación es la poca efectividad de la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque es a partir de esta división que ningún poder debe estar por encima del otro, que no asuman las funciones de otro poder y que exista control entre poderes de cualquier actividad que afecte a la ciudadanía, entre otros aspectos.

En la Constitución estatal se establece esta división de poderes en el articulo 30 y plantea que el propósito es satisfacer los fines del Estado. El Poder Legislativo es el órgano que crea los ordenamientos que regulan el actuar de la sociedad, pero también tiene la facultad de solicitar la comparecencia de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y descentralizada, y de los funcionarios del Poder Judicial, como lo establece el artículo 144 del Reglamento Interior del Congreso del estado de Tlaxcala. También, a través de sus comisiones, los diputados y diputadas pueden solicitar a las oficinas públicas estatales la información que estimen necesaria para la atención y desahogo de los asuntos de su ramo, el cual puede ser por escrito o por comparecencia de las dependencias o entidades del estado de Tlaxcala (artículo 74).

La división de los poderes frente a la situación de violencia y las condiciones de desigualdad en que viven las mujeres en nuestro estado tiene gran relevancia, porque puede ser un medio que confronte el actuar de las autoridades de los otros poderes frente a violencia hacia las mujeres, especialmente el feminicidio, la desaparición y la trata de mujeres y niñas, contribuyendo con ello a la concreción de la igualdad sustantiva.

La Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso del estado de Tlaxcala tiene como objetivo lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través de acciones legislativas que disminuyan las brechas de desigualdad, pero hasta ahora no hemos visto en ningún momento que esta comisión haya llamado, como parte de sus facultades, a comparecer a las dependencias y entidades encargadas de implementar el Programa Estatal contra la Trata de Personas, el cual se aprobó en febrero del año pasado, en cumplimiento a la ley vigente en la materia. No es suficiente que la presidenta de esta comisión se pronuncie frente a las situaciones de violencia hacia las mujeres o contra las declaraciones de autoridades como la Fiscalía General de la República –la cual, por cierto, reveló la incapacidad de los Ministerios Públicos para responder a los casos de feminicidio–, es necesario promover que se llame a dar cuentas a las y los responsables de que las actuales leyes y políticas públicas no se cumplan. En tanto este equilibro de poderes no se alcance y no lleguemos a la igualdad sustantiva, las autoridades, por su omisión, son responsables de que en las comunidades tlaxcaltecas las mujeres sigan sometidas a los hombres y las estructuras que permiten la discriminación, violencia, feminicidio y explotación.

Leer el artículo en la versión original La Jornada de Oriente


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