Por Federico Luis Pohls Fuentevill / Centro Fray Julián Garcés

Hace unos días atardecimos con la noticia de que toda la representación del gobierno federal en Tlaxcala se reunió con el doctor Benjamín Ortiz Espejel, director de Atención a Contaminación de Cuerpos de Agua y Cuencas de la Semarnat, con el objeto de ser informados oficialmente de los trabajos que la secretaría iniciará en breve para la elaboración de la propuesta de Programa de Restauración Ecológica para la Cuenca Atoyac–Zahuapan. Digo oficialmente, porque la noticia ya se había hecho pública desde el día 21 de enero cuando las organizaciones de las seis regiones del país visitadas por la Caravana Toxitour México nos reunimos con el secretario Víctor Toledo y el mismo Benjamín Ortiz, allá en la Semarnat, para hablar de la situación en cada una de ellas, y revisar juntos los avances y las propuestas que ellos estaban armando para solucionar los problemas de devastación socioambiental en cada una.

En esa reunión se acordó, entre la secretaría y las comunidades representadas, que lo más procedente era actuar conforme a los artículos 78 y 78 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), dado que la figura de Zona de Emergencia Ecológica no existe legalmente, por lo que las regiones no pueden ser declaradas formalmente como tales.

El artículo 78 dice que en las áreas que presenten procesos de degradación o graves desequilibrios ecológicos, como es el caso de la Cuenca Atoyac–Zahuapan, “la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.” Y el artículo 78 Bis, a la letra dice: “En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.”

Subrayamos algunas palabras sólo con el objeto de enfatizar el alcance de los artículos.

Esto quiere decir que en la reunión del 21 de enero se comprometieron a llevar a cabo el proceso de formulación y ejecución de Programas de Restauración Ecológica estrictamente bajo los términos fijados en el artículo 78 y subrayados por nosotros, pero, además, dada la grave situación que se vive en cada una de las seis regiones, las proponga al titular del Ejecutivo federal para que sean establecidas como Zonas de Restauración Ecológica, es decir, en las que el gobierno federal se obliga a intervenir determinando lo siguiente, de acuerdo con el artículo 78 Bis: “I.- La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde; II.- Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona; III.- Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad; IV.- Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y V.- Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.”

Todo apunta, pues, a que por fin se está tomando en serio la problemática de devastación socioambiental en la Cuenca y que, si esto es así, tendremos que estar muy atentas las organizaciones y comunidades afectadas para que, a la hora de buscar la manera de que las industrias, las dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales de Tlaxcala y Puebla hagan bien las cosas, no vayan todos estos a entorpecerlo todo en sus intentos, como hasta ahora, de defender sus intereses económicos y electorales por encima de quien sea y de lo que sea.