Por Emilio Muñoz Berruecos/Centro Fray Julián Garcés

La historia demuestra que las mujeres han luchado por hacer valer su voz frente a un mundo dominado por el patriarcado. Sus principales demandas son: derecho a la educación, al trabajo, al voto, la libre expresión, libre decisión y a vivir libres de toda opresión.

Las luchas de estas mujeres han permitido que se reconozcan estos derechos en varios documentos y leyes; sin embargo, eso no ha sido suficiente para que las mujeres y niñas gocen plenamente de sus derechos, uno de ellos a vivir libres de violencia. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) señala que a nivel nacional el 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más, alguna vez en su vida ha sufrido algún tipo de violencia, entendida como física, emocional, sexual, económica, patrimonial o discriminación en el trabajo. Para el caso de Tlaxcala la cifra de violencia hacia las mujeres es del 61.2 por ciento.

Como podemos observar en los datos, a las mujeres se les sigue dominando a través de la violencia y se les mantiene subordinadas a los hombres. El machismo y el patriarcado se mantienen y siguen reproduciéndose en la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. La violencia ha impactado en diversos ámbitos de la vida de las mujeres y niñas llegando al grado de arrebatarles la vida. Datos del documento Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre 2019, registraron tres feminicidios en Tlaxcala, sin embargo, en seguimiento hemerográfico en el mismo periodo de tiempo se pudo reconocer 16 casos.

La incongruencia entre los datos hace pensar en la forma como se registran los feminicidios, ¿qué está entendiendo por feminicidio?, ¿en qué se basa para iniciar una carpeta de investigación? El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el artículo 229 menciona: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer” y desde el 12 de julio de 2017, la Cámara de Diputados realizó las reformas correspondientes a este artículo y tipificó el feminicidio como un delito grave. Los criterios son claros para reconocer un caso como feminicidio, pero puede ser la carga machista y patriarcal de quien registra el caso la que impide un adecuado registro.

El feminicidio y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia extrema hacia las mujeres, pues previo a ellas se ejerce una larga cadena de violencias hacia las mujeres y las niñas. Ambos problemas son resultado del machismo y la misoginia existente en la sociedad y en las instituciones de procuración de justicia, pues estas últimas crean un ambiente de impunidad, de poco acceso a los derechos de las mujeres y permite a quien ejerce las violencias seguir delinquiendo.

Recientemente se conoció, a través de los medios de comunicación, el diplomado convocado por el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), que tiene el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de fortalecer el acceso a la justicia a las mujeres. El actual gobierno ha invertido mucho en capacitación a sus funcionarios sin que, como hemos visto en los datos antes expuestos, se muestren cambios sustanciales en la problemática de la violencia hacia las mujeres. El gobierno de Marco Antonio Mena se encuentra a año y medio de concluir su gestión y todo indica que, desde las estrategias que implementó, no cumplirá con su cometido de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; quienes intenten asumir hacia adelante esta misión, deberán pensar en nuevas estrategias que sí lleven a erradicar la violencia particularmente el feminicidio, la desaparición y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.