Se calcula que, en México, el modelo de producción industrial neoliberal ha impulsado en las últimas décadas la generación de alrededor de 60 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA). Entre las más impactadas se encuentra la Cuenca del Alto Atoyac (CAA).

Hasta ahora no existen políticas públicas efectivas que lleven al saneamiento de la Cuenca y mucho menos para alcanzar justicia socioambiental, como ha sido demandado en los últimos años por habitantes de las comunidades más afectadas. En el estado de Tlaxcala y en toda la CAA, desde el gobierno se impulsan acciones que tienden a profundizar la devastación socioambiental, como  las siguientes: 

• • La construcción de obras en los municipios de Yauhquemehcan y Amaxac de Guerrero, como la Ciudad Administrativa y la Ciudad del Entretenimiento, cuyas aguas residuales serán vertidas en los afluentes de las comunidades, comprometiendo la salud de la población, el medio ambiente y la economía local.
  • El vertido continuo de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento desde los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Xiloxoxtla hacia barrancas conectadas con la laguna de Acuitlapilco, lo que ha propiciado la degradación estructural del ecosistema lacustre y sus afluentes. Además de desazolves mal ejecutados, tala injustificada, mal manejo de patógenos y parásitos, remoción de flora nativa, introducción de especies invasoras, invasión de zona federal, cambio de uso de suelo y desarrollo de obras públicas y actividades económicas sin permisos ambientales.
  • El cierre de los tiraderos a cielo abierto de Huamantla y Panotla, provocando la concentración de desechos en los vertederos de Nanacamilpa y Atlangatepec. Ambos sitios reducen cada día su vida útil, incrementando los riesgos sanitarios y ambientales futuros, además de ocasionar interrupciones en la recolección de los sesenta municipios debido a los picos de saturación y mantenimiento. El modelo tradicional de recolección, traslado y disposición final ha alcanzado su límite. 
  • El intento de imposición del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar en la comunidad de San Pedro Ecatepec del municipio de Atlangatepec. Este proceso, como otros en el estado, se ha caracterizado por la opacidad de información, falta de consulta libre e informada y bajo la supuesta idea del progreso. Bajo estas condiciones la población de esa comunidad considera que ese proyecto afectará gravemente a la flora, fauna y a la salud de las y los habitantes de la zona.
  • El impulso de un Plan que no lleva a un saneamiento real de la Cuenca del Alto Atoyac ni al control de las sustancias tóxicas industriales, que son la principal causa de la devastación. Preocupan las convocatorias de las instituciones gubernamentales dirigidas a la población para recolectar basura en la ribera del río Atoyac – Zahuapan, exponiéndola a contaminantes altamente peligrosos y tóxicos que ponen en riesgo su salud.
  • La creación de los llamados “Espacio de Cultura del Agua”, creados por la  Comisión Nacional del Agua en coordinación con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, los cuales no visibilizan la responsabilidad industrial y trasladan al ámbito virtual la relación que las comunidades deberíamos establecer con nuestros espacios naturales aún sanos, como es la montaña, algunos nacimientos de agua, riachuelos y bosques existentes en la Cuenca.
  • La imposición sistemática de proyectos afectando los espacios de convivencia comunitarios, como es el intento de construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que hoy son los campos deportivos de la comunidad Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, del municipio de Chiautempan. Esto a pesar de que la comunidad, que se rige por usos y costumbres, ya ha determinado en Asamblea su decisión de que ese terreno se mantenga en su vocación deportiva como fue el objetivo de la donación hecha en 1965.
  • La simulación de los tres niveles de gobierno con respecto a la atención de la problemática ambiental en la Matlalcuéyetl: falta de regulación en las construcciones y prohibición de venta para desarrollo inmobiliario, tala clandestina y extracción de piedra, tepetate y arena de las barrancas. Señalamos la omisión y al mismo tiempo la responsabilidad de las instituciones ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, así como del gobierno municipal de San Francisco Tetlanohcan, que es uno de los territorios más afectados por estas actividades. En este último desde las comunidades se ha señalado colusión, así como criminalización y bloqueo a la participación ciudadana.
  • La implementación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se están buscando aprobar en diversos municipios, sin una consulta ciudadana real y vinculante para su  elaboración y aprobación. Los anteproyectos que hasta este momento se han realizado y presentado públicamente, como es el caso del municipio de Tlaxcala, presentan contradicciones preocupantes: mientras el diagnóstico del programa reconoce una crisis ambiental y de salud, las propuestas de uso de suelo avanzan en sentido contrario, priorizando la urbanización por encima de la protección ambiental, reducir la conservación de espacios que proveen servicios vitales para la ciudadanía y demás formas de vida, ignorar impactos directos en la salud pública y en el patrimonio cultural, así como la inclusión de información sin sustento claro, errores técnicos y falta de mecanismos efectivos para regular el uso de suelo.

Por todo lo anterior y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente demandamos al gobierno que:

1. 1. Garantice que las industrias y empresas traten internamente sus aguas residuales teniendo como criterio la eliminación de las más de 100 sustancias tóxicas que se han detectado en la CAA; así mismo, resarcir los daños socioambientales causados, frenar nuevas descargas y sancionar penal y  administrativamente la corrupción y omisión de los servidores públicos responsables.
   2. Activar las plantas de tratamiento existentes en la Cuenca del Alto Atoyac para el tratamiento exclusivamente de aguas residuales municipales, lo cual implica evitar que cualquier empresa o industria se conecte a  la red de drenaje municipal. Las aguas tratadas deben tener como fin principal el ser devueltas a sus cauces y ecosistemas naturales y no a la producción agroindustrial. Generar programas que promuevan la implementación de alternativas en el tratamiento y uso adecuado del agua como son los baños secos y sistemas de tratamiento de agua residuales en las viviendas.
   3. Creación de programas municipales con participación ciudadana para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos, acompañados de los reglamentos correspondientes. Estos instrumentos constituyen mecanismos para reconocer la problemática de residuos en cada espacio local y, al mismo tiempo, herramientas de decisión colectiva que permiten avanzar hacia la recuperación y el aprovechamiento de los residuos desde la ciudadanía y comunidades. 
   4. Decretar a la Laguna de Acuitlapilco y sus afluentes como Área Natural Protegida federal en la categoría de “Santuario”, con un Programa de Manejo verdaderamente participativo, fincando responsabilidades a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Tlaxcala y demás instituciones estatales y federales por acción y/u omisión, y reparar el daño generado a este espacio, integrando el conocimiento científico con el conocimiento tradicional-comunitario de la región.
   5. Cancelar el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar que se pretende instalar en la comunidad de San Pedro Ecatepec del municipio de Atlangatepec. Así mismo, respetar la decisión de la comunidad de Guadalupe Ixcotla en el municipio de Chiautempan, respecto a conservar la existencia de sus campos de futbol y no utilizar el terreno con otro fin.
   6. La implementación de programas integrales y de seguimiento que frenen la tala ilegal, proyectos inmobiliarios y la extracción de recursos pétreos en la montaña Matlalcuéyetl.
   7. La elaboración transparente y con participación ciudadana de los Programas de Ordenamiento Territorial que se están desarrollando, con un enfoque congruente entre el diagnóstico ambiental y las propuestas de uso de suelo, la protección de zonas de recarga hídrica, cuerpos de agua y áreas naturales.

En síntesis, reivindicamos nuestros derechos a la información, la participación pública y el acceso a la justicia socioambiental, como nos lo garantiza la legislación nacional e internacional, entre la cual se encuentra el Acuerdo de Escazú; y también demandamos el derecho de las comunidades a ser respetadas en nuestra forma de vida y a tener un territorio sano en el que podamos vivir armónicamente las generaciones presentes con la flora y fauna existente, y garantizar este disfrute a las generaciones futuras. 

Tlaxcala, Tlaxcala a 5 de junio de 2026, Día mundial del Medio Ambiente.

Atentamente: Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala