El miércoles 3 de junio, la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Comisión Diocesana de Pastoral Social, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C. y la Coordinadora por un Atoyac con Vida llevamos a cabo el XIV Congreso Diocesano por el Medio Ambiente en la Casa de Ejercicios de la Basílica de Ocotlán, Tlaxcala. En él, nos dimos cita 95 personas que acudimos de diversas parroquias y congregaciones religiosas de la Diócesis de Tlaxcala y colectivos que luchan contra la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac. El objetivo que nos convocó fue el de alentar la acción colectiva desde la esperanza en nuestra Diócesis de Tlaxcala y la Cuenca del Alto Atoyac para fortalecer un espacio ecuménico que integre la búsqueda por la paz y el cuidado de la Casa Común a la luz del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

Desde este espacio impulsamos nuestro compromiso diocesano para trabajar en la “Protección de la Casa Común, la cultura de nuestros pueblos y las riquezas naturales de nuestros territorios” (Plan Diocesano de Pastoral 2019 – 2027, Diócesis de Tlaxcala). Reafirmamos que la paz es Don de Dios y un fruto de la justicia, que solo se puede alcanzar si vivimos en paz con la creación, la cual hoy se encuentra “oprimida y devastada, gimiendo y sufriendo dolores de parto”, (cfr. Laudato Sí No. 2), trabajar en favor de ella es trabajar por la creación y todas las criaturas existentes y por nuestra vida misma ya que lo que les pase a nuestros territorios será nuestro propio destino. 

En el Foro: “El cuidado de la Casa Común como camino hacia la paz”, compañeros y compañeras defensoras socioambientales de Yucatán y San Luis Potosí, compartieron sus experiencias de trabajo por el cuidado de sus territorios como construcción de la paz. En primer lugar, Wilberth Nahuat Puc, comisario ejidal de Santa María Chi, en Mérida, Yucatán explicó que en ese territorio maya existe una grave afectación socioambiental generada por el asentamiento de más de 500 granjas industriales porcícolas en 30 años. Los impactos de estas actividades destructivas han imposibilitado a las comunidades a usar el agua para beber, para la milpa e, incluso, bañarse. Asimismo, los residuos generados han afectado la salud de la población, especialmente la de las infancias. Por todo ello, apeló a la empatía entre comunidades, pues desde lo colectivo han interpuesto alrededor de 27 amparos en 3 años que, en abril de este año, resultaron en la clausura de la empresa “Grupo Porcícola San Gerardo” o “Pecuaria Peninsular”. Sin embargo, denunció que a pesar de las multas, de la comprobada responsabilidad de la empresa en la destrucción del territorio, de los amparos ganados y de las afectaciones, personas defensoras del medio ambiente, incluido él mismo, han sido criminalizadas.

Por su parte, Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A. C. y Rosa Esther Peña Soto, de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina expusieron el riesgo en el que se encuentran las comunidades potencialmente afectadas, especialmente las indígenas, por la nueva amenaza de la práctica del fracking para obtener gas y energía para industrias transnacionales y sus exportaciones. Esta situación profundiza la injusticia si se considera que las Asambleas Comunitarias han rechazado en repetidas ocasiones el cambio de uso de suelo y la imposición de estos megaproyectos ecocidas en sus territorios.

Tanto en el caso de Yucatán, como el de la Huasteca se repite un patrón injusto que pone en riesgo la existencia libre y digna de las comunidades. En primer lugar, se enfrentan al ocultamiento de información sobre los proyectos que se les pretenden imponer. En segundo lugar, se enfrentan con poderes económicos transnacionales y políticos de alto nivel que vulneran sus derechos y cuentan con los medios para criminalizarles, perseguirles y pasar por encima de las decisiones y acuerdos colectivos. En tercer lugar, se impone a las comunidades la carga de la prueba de las afectaciones ambientales y a la salud, lo cual profundiza la injusticia económica y política, en tanto que el gobierno deja de ser garante de la protección, promoción y respeto de sus derechos humanos. Por último, en ambos casos quedó claro que solo a través de la comunidad y la solidaridad entre pueblos es posible visibilizar, perder el miedo y hacer frente a estos proyectos de muerte para la defensa del bien común.

Finalmente, Diana Cortés Torres del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana afirmó que, si queremos paz, tenemos que tener paz con la Creación. Para ello, enfatizó el principio del Papa Francisco de que “hay que atender tanto el clamor de los pobres como el clamor de la naturaleza porque los afectados ambientales son la nueva expresión de la pobreza resultado de una economía que mata”. Asimismo, señaló que la Madre Tierra es otra oprimida y que las experiencias compartidas de Yucatán y la Huasteca potosina, son expresiones de ello. También llamó a reconocer que no solo las personas somos sujetas, sino todos los elementos que integran la creación (p.e. ríos, mares, bosques, montañas, flora y fauna), pues estamos en un circuito interconectado donde lo que le pasa a alguna unidad del todo le afecta a las demás, lo mismo ocurre entre comunidades lo que afecta a una nos afecta a todas.

En la Cuenca del Alto Atoyac hemos trabajado por más de 30 años por construir la paz a través del cuidado de la Casa Común. Hoy aprendimos que la paz es el camino para acceder a la justicia socioambiental que tanto anhelamos para nosotras y nosotros y las generaciones futuras. Las experiencias compartidas el día de hoy nos llenan de esperanza para continuar con el trabajo del cuidado de la Creación. Por todo lo anterior, quienes participamos en este XIV Congreso Diocesano por el Cuidado de la Casa Común decidimos por consenso:

1) Manifestar nuestra solidaridad con todos los pueblos que defienden la Casa Común.

2) Por ello, nos solidarizamos con las comunidades de la Huasteca potosina que se organizan nuevamente para defender su territorio y su existencia de la amenaza del fracking.

3) Exigimos a las autoridades locales, estatales y federales que se respete la voluntad de los pueblos expresada en sus Asambleas Comunitarias: si ellas manifiestan su negativa al fracking, entonces ¡No al fracking!

4) En este sentido, también exigimos que los ayuntamientos no autoricen los cambios de uso de suelo para abrirle las puertas a esta práctica destructiva, y conminamos a la Cámara de Diputados a dar trámite a la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking en México.

5) Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades mayas que pelean contra la industria porcícola que contamina sus territorios y afecta su salud.

6) Finalmente, manifestamos nuestra indignación ante la criminalización del compañero Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de Santa María Chi, en Mérida, Yucatán, quien es perseguido penalmente por la empresa “Grupo Porcícola San Gerardo” o “Pecuaria Peninsular” por defender a su comunidad de la devastación socioambiental. Nos solidarizamos con él y con su familia y estaremos atentos y atentas de la resolución de su proceso. Le solicitamos enérgicamente al Poder Judicial del estado de Yucatán que cesen los hostigamientos en su contra. Consideramos que las acciones del compañero Nahuat Puc han sido en interés de las comunidades mayas, el país y las generaciones futuras.

7) Exigimos que cesen las simulaciones de saneamiento en la Cuenca del Alto Atoyac y que se formulen propuestas con participación de las comunidades y la academia que conduzcan a la justicia socioambiental que tanto necesitan nuestras comunidades y nuestro territorio.

¡No hay justicia social sin justicia ambiental!

¡Queremos un Atoyac-Zahuapan libre de venenos tóxicos industriales!

Amo Kitlapanas tetl

Yab ka pok’ow an t’ujub

La Huasteca Potosina dice NO al Fracking

No + Megacerdos en Yucatán

¡Verdadera reparación Integral para Santa María Chi, Mérida, Yucatán!