• • Atender la trata de mujeres no debe reducirse a la detención y sanción de los tratantes, siendo que además a un gran número de víctimas les es imposible denunciar. Es necesario implementar una política integral que atienda a las víctimas y elimine los lugares de explotación.
  • A 5 años de gobierno de la actual administración es mínima la aplicación del Programa Estatal contra la Trata de Personas. Se ha llegado apenas al 11%, con un presupuesto de casi 3 MMDP.
  • Para arrancar de raíz la problemática, es necesaria una prevención basada en procesos que eliminen de fondo la cultura proxeneta que existe en el estado de Tlaxcala.

El pasado 9 de octubre de 2026, en la conferencia conocida como La Mañanera, la periodista Louise Callaghan cuestionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto al actuar del gobierno del estado de Tlaxcala ante la situación de trata de mujeres que prevalece en la entidad. La respuesta de la presidenta se centró en señalar la existencia de detenidos y un trabajo colaborativo entre los gobiernos federal y estatal. Desde el punto de vista de las comunidades y la academia, que durante 25 años hemos documentado, prevenido e incidido ante este problema, consideramos que esta respuesta resulta reduccionista por las siguientes razones:

1. 1. La acción gubernamental para enfrentar la trata de mujeres con fines sexuales no debe reducirse a la judicialización sino que debe ser enfrentada de manera integral, incluyendo la protección a las víctimas y la prevención, como además lo obliga la legislación internacional y la Ley General en la materia, buscando con la prevención evitar que las mujeres sean enganchadas como víctimas y evitar también la generación de victimarios, ya sea como tratantes o como demandantes de los cuerpos de las mujeres víctimas de trata. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley en Materia de Trata de Personas en Tlaxcala, el Consejo Estatal contra la Trata es el órgano responsable de vigilar el adecuado cumplimiento del Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027 (publicado en el Periódico Oficial del estado en 2022). En el análisis que realizamos en junio del presente año, ubicamos que, del total de sus objetivos y productos indicados en el programa, solo se ha alcanzado el 11%, a pesar de que se le han destinado 2 mil 978 millones 271 mil 963 pesos. Esto tiene como resultado que las redes de trata siguen ampliándose y continuando sus operaciones nacionales e internacionales.
   2. La judicialización como estrategia no ha sido lo suficientemente robusta.

Primero, porque los datos asentados a nivel federal no reflejan la realidad del problema. Por un lado el gobierno estatal ha señalado que los procesos judiciales se han desarrollado principalmente a partir de casos denunciados antes del inicio de la actual administración, y que durante 3 años no se presentaron denuncias, de acuerdo a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, vía acceso a la información tenemos conocimiento que de 2021 a junio de 2025 la Fiscalía estatal atendió a 53 víctimas de trata, lo cual demuestra que solicitaron apoyo más víctimas pero que desde la fiscalía estatal no se cumplió con el deber de perseguir el delito de oficio como se mandata en la fracción 3 del artículo 7 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. A la letra esta fracción dice que “El Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.” Y esta obligación también se establece en el artículo 10 de la Ley Estatal en Materia de Trata de Personas.

Segundo, porque los operativos realizados por parte del gobierno estatal en los corredores de explotación sexual, como el realizado el 16 de julio del año en curso, no han tenido la capacidad de reconocer a las víctimas ni de detener a los tratantes. Vía acceso a la información, en noviembre de 2025 la Fiscalía General de Justicia reconoce que no tiene modelos de atención para víctimas de trata y no tiene casa de medio camino para las víctimas, lo cual demuestra su falta de comprensión de la problemática y la carencia de herramientas para identificar a las víctimas.

Tercero, porque a pesar de que en este 2026 se han abierto 5 carpetas de investigación, este número no refleja la grave realidad que se ha documentado en estudios antropológicos y sociológicos, ni lo que observamos en los corredores de explotación y en las comunidades. Es importante tener presente la evidente dificultad de las víctimas de trata para denunciar por las condiciones en que se encuentran, por lo que la Fiscalía debe realizar investigaciones por sí misma en el estado.

3. La judicialización sin la complementación de un proceso de prevención desde la educación formal, es un pozo sin fondo. Se ha demostrado que el sistema proxeneta, y por tanto la trata, se reproducen a partir de prácticas y creencias sociales que pueden ser desestructuradas a partir de procesos educativos permanentes y progresivos que permitan entender las violencias que se ejercen sobre las víctimas y generar el rechazo de la problemática, evitando así el surgimiento de víctimas y victimarios. Sin estos procesos de prevención desde la educación, la judicialización siempre estará atendiendo los efectos y no las causas, y solo de los pocos casos que se llegan a  denunciar. Sabemos que la prevención es posible, porque durante más de diez años como sociedad civil y academia la hemos impulsado de manera exitosa en escuelas ubicadas en municipios afectados por redes de tratantes; sin embargo, para que tenga un impacto significativo en el ámbito estatal, es necesario que desde la Secretaría de Educación Pública se asuma como política pública tal como lo mandata el Programa estatal.

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es un problema y una grave violación a derechos humanos que se ha desarrollado desde los años 50, y hasta el día de hoy ningún gobierno estatal ha logrado erradicarla. Por lo tanto, desde la sociedad civil y la academia demandamos al gobierno estatal y federal, particularmente a la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y al Consejo Estatal contra la Trata de Personas:

Uno. El reconocimiento de la problemática en su justa dimensión, más allá de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Dos. La aplicación de la  política pública integral como se mandata en la legislación estatal, nacional e internacional en la materia, y específicamente en Tlaxcala en el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027, buscando alcanzar el logro de sus indicadores de impacto.

¡Nos queremos libres de Trata!

Atentamente:

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres en Tlaxcala

Academia comprometida contra la Trata

Observatorio Nacional del Feminicidio

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)