Es urgente dar respuesta integral a la devastación socioambiental en Tlaxcala
07/06/23

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En el marco del XI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, la dimensión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, diversas organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios, denunciamos que en las últimas décadas, en el estado de Tlaxcala se ha generado un proceso de devastación socioambiental y limitación del acceso al agua para la población, resultado de un proceso de industrialización sin controles adecuados para el uso de los recursos y la emisión de sus contaminantes al agua, aire y suelo.

Manifestamos que, a pesar de que el gobierno federal ha reconocido la Cuenca del Alto Atoyac como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, en el estado de Tlaxcala no existe un Programa Integral para su restauración y, por el contrario, se impulsan acciones que incrementan la devastación socioambiental, que provocan la reincidencia y agudizan la violación a los derechos humanos por parte de autoridades y dependencias.

Ejemplo de lo anterior es la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, presentada en el Congreso del estado el 14 de febrero del presente año, por la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como ya lo hemos señalado la sociedad civil y la academia, esta iniciativa tiende a mercantilizar el agua, es inconstitucional, desconoce las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del agua y criminaliza la protesta social.

Por acuerdo colectivo, quienes suscribimos este comunicado hemos realizado una campaña de información ciudadana y recolección de firmas en rechazo a esta iniciativa de ley. El 23 de mayo se hizo una primera entrega haciéndolas llegar vía oficio al Dip. Bladimir Zainos Flores, en su calidad de Presidente de la Mesa directiva y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con copia a la y los diputados Marcela González Castillo, presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lenin Calva Pérez, presidente de la comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; Ever Alejandro Campech Avelar, comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, de la LXIV Legislatura del Estado de Tlaxcala. Y se llevó a cabo una segunda entrega, vía oficio en alcance al anterior, el día 7 de junio, con el resto de firmas recabadas hasta ese día.

Las exigencias de quienes firmamos son las siguientes:

  1. Que el oficio entregado se leyera en la siguiente sesión del pleno del Congreso estatal.
  2. Se suspenda el proceso de análisis que sobre la Ley se está haciendo en Comisiones, y que el Congreso estatal espere a que termine el proceso de trabajo y definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales, para garantizar que la ley estatal esté en armonía, respete y se sujete a la consideración de que el agua y el saneamiento son derechos humanos individuales y colectivos.
  3. Se inicie un proceso de información, consulta y deliberación culturalmente adecuada con las comunidades, que lleve el tiempo que sea necesario y suficiente para las mismas comunidades, para que se establezcan los contenidos que deberá contemplar una Ley de Aguas para el estado de Tlaxcala realmente sustentada en los derechos humanos.
  4. Entre las condiciones generales para la nueva propuesta de Ley, exigimos las siguientes:
    • Que se sustente en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos al agua, al saneamiento, a la información y a la participación comunitaria.
    • Que indique claramente que la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del estado de Tlaxcala informará de manera periódica, oportuna y adecuada sobre todos los planes, proyectos y acciones que pretendan realizar en torno al agua, y promoverá la participación de todos los sectores de la sociedad interesados e involucrados en la gestión integral y sustentable del agua, en todas las etapas necesarias para la toma de decisiones al respecto.
    • Que priorice el derecho a contar con agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso doméstico de acuerdo a las características de la vida en las comunidades del estado.
    • Que parta de que la Cuenca es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, con graves afectaciones a la salud de las personas, de la flora y la fauna regional, relacionadas con la contaminación industrial.
    • Que sea un instrumento jurídico que facilite la elaboración y realización de un Programa Integral de Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, con participación de las comunidades en todas las etapas de ese proceso.
    • Que establezca de manera clara y objetiva la responsabilidad y las obligaciones que deben tener las industrias en el uso del agua y en el tratamiento para sanear, así como las sanciones a las que se harán acreedoras en caso de incumplimiento.
    • Que establezca condiciones para la prevención y la eliminación progresiva de la contaminación del agua superficial y subterránea en el estado, con proyección hacia la Cuenca entera.
    • Que establezca las acciones a realizar por parte del ejecutivo, industrias y organismos responsables, para la recuperación de los mantos acuíferos, considerando que el porcentaje de recuperación de los mantos debe ser mayor y/o igual a la extracción que realizan la industria y los municipios, para garantizar el abasto del agua para la vida.
    • Que fortalezca la experiencia comunitaria en la administración de su agua, brindando información adecuada, clara y de forma accesible, impulsando la participación en la toma de decisiones y apoyando el trabajo de los Comités Comunitarios del Agua.
    • Que establezca periodos claros y razonables de revisión de la Ley, incluyendo la participación comunitaria en las sugerencias de mejora.

A estas exigencias se sumaron a través de sus firmas 4, 771 personas con las siguientes características:

  • 1,797 fueron hombres y 2, 947 mujeres y 27 no indicaron su sexo.
  • La edad de las personas firmantes se distribuyó de la siguiente manera: 181 personas fueron menores de edad (hasta 17 años), 1, 178 fueron personas jóvenes (entre 18 a 29 años), 2, 465 fueron personas adultas (de 30 a 59 años), 890 personas adultas mayores (60 o más años) y 57 personas no indicaron su edad.

Las firmas corresponden a personas de 52 de municipios de Tlaxcala: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero,  Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Atlangatepec, Atltzayanca, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuaxomulco, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco de José María Morelos, Nanacamilpa de Mariano Arista, Natívitas, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopalucan, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Zacatelco, Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos. Y en solidaridad, la Ciudad de México y Puebla.

Nos indigna que no exista una restauración integral de la Cuenca y que en su lugar se impulsen proyectos de inversión industrial y/o que solo buscan cuidar la imagen de la capital, como el denominado Autotrén eléctrico. Al respecto también hemos enviado un oficio dirigido a la gobernadora del estado en el que realizamos las siguientes exigencias:

  1. Que no se lleve a cabo el proyecto del Autotrén, a todas luces innecesario para la población e ineficiente para la movilidad y la realidad de Tlaxcala.
  2. En vez de esto, que se busque la manera de mejorar la calidad de vida y de transporte de la población a través de políticas y proyectos que cuiden y mejoren nuestras condiciones ambientales y de salud personal y comunitaria, en lugar de ocultar los problemas y destruir más todavía nuestro medio ambiente.
  3. Exigimos políticas y proyectos por los que no se privilegie la ganancia ni la corrupción de actores privados sobre nuestra salud y nuestro medio ambiente, y en general sobre el bien común de la población.

A estas exigencias se sumaron, también a través de sus firmas 2, 953 personas con las siguientes características:

  • 1, 069 hombres y 1, 877 mujeres. Más 7 personas que no indicaron su sexo.
  • La edad de las personas firmantes se distribuyó de la siguiente manera: 122 personas menores de edad; 660 personas jóvenes; 1, 572 adultas, 563 personas adultas mayores, y 36 personas no indicaron su edad.

Las firmas corresponden a personas de 50 municipios: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Benito Juárez, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Españita, Huamantla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, La Magdalena Tlaltelulco, Natívitas, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jeronimo Zacualpan, San Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Teacalco, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Zacatelco. Y en solidaridad, la Ciudad de México y Puebla.

Así, quienes suscribimos hoy este pronunciamiento exigimos al poder legislativo que atienda de manera adecuada y garantizando los derechos en la creación de una nueva Ley de Aguas de Tlaxcala, mientras que al Ejecutivo detenga la propuesta de Autotrén, además, demandamos que deje de utilizar la fuerza pública ante las protestas sociales y deje de criminalizar a las personas defensoras del medio ambiente, como ha sucedido con los defensores del bosque Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, quienes forman parte del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Le recordamos al gobierno estatal que es derecho de toda persona, sea individual o colectivamente, exigir el cumplimiento de sus derechos humanos y que los actos de protesta responden siempre a la incapacidad gubernamental para dar respuesta al cumplimiento de los derechos humanos demandados.

Como dimensión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, diversas organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios mantendremos nuestra exigencia para que se nos garanticen nuestros derechos humanos al medio ambiente sano, al agua y su saneamiento, a la información y a la participación en los asuntos públicos.

Atentamente 25 organizaciones y colectivos: Asociación Civil Aguas Limpias por Texcalac; Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; Centro de Economía Social Julián Garcés; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectiva Ecofeminista Mujeres Cannábicas Tlaxcala; Colectivo Atlihuetzian en Resistencia; Colectivo Tetepesiwameh; Comité de Derechos Humanos Los Jicotes; Coordinadora por un Atoyac con Vida; Grupo Cihuatl; Grupo de catequistas Parroquia de San Juan Apóstol de San Juan Huactzinco; Integraciones Socioambientales Tlalizami; Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala; Pastoral Social de San Marcos Contla, Papalotla de Xicohténcatl; Pastoral Social Metepec, Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de La Loma, Tlaxcala; Pastoral Social Parroquia de Cristo Resucitado de Tlaltepango, San Pablo del Monte; Pastoral Social Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Chiautempan; Pastoral Social Parroquia de San Antonio de Padua, de Acuamanala de Miguel Hidalgo; Pastoral Social Parroquia de San Bernardino de Siena, Contla; Pastoral Social Parroquia de San Juan Totolac; Pastoral Social Parroquia de San Luis Obispo de Teolocholco; Pastoral Social Parroquia de San Martín de Porres de Apizaco; Pastoral Social Parroquia de San Miguel Arcángel de Tenancingo; Pastoral Social Parroquia de Santo Toribio Xicohtzinco; Red Estatal de Víctimas del Estado de Tlaxcala.

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