En torno al 8 de marzo, muy por encima de los diversos anuncios del gobierno estatal respecto a la atención hacia las mujeres -clases de defensa personal, impulso en el campo, botones de pánico, banco de leche materna, pláticas que imparten ante la violencia, activaciones físicas, etc.- destaca en nuestra realidad la persistencia de la grave problemática de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado. Ante ello, con sustento insistimos: la trata sí existe; sin que el gobierno actúe de manera eficiente ante esta denigrante violación a derechos humanos que lacera la vida de mujeres y niñas.

El mes anterior, en febrero, el poder ejecutivo a través de su área de comunicación social, además de anunciar la policía de género (con patrullas y uniformes rosas, por cierto), refirió que “tras la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instruyó la implementación de acciones para garantizar que las habitantes de los 60 municipios de la entidad disfruten plenamente de sus derechos. En una primera instancia, fueron creados órganos interinstitucionales y multidisciplinarios que coordinan trabajos y proyectos para fortalecer la política estatal de equidad de género (…) Durante el mes de septiembre de 2021, se conformó el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, sus integrantes fueron los responsables de crear el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027”.

Al respecto, si bien el Programa no fue creado tal cual por el Consejo, sino en gran medida desde la sociedad civil y personas de la academia, es cierto que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del estado, esto luego de la insistencia de diversos grupos y academia, y ahora se encuentra vigente. Dicho documento es un eje que determina políticas encaminadas a enfrentar este grave delito, sin embargo, no basta con haberlo suscrito o emitido oficialmente, si este no se opera de manera coordinada, y se definen indicadores para evaluar su cumplimiento. Han pasado 6 meses de su emisión y no se han implementado acciones que ahí se mandatan.

Pero, además, para que un Programa como este funcione, lo esencial y básico es que en primera instancia la gobernadora y su gabinete reconozcan la gravedad de la trata de mujeres y niñas en la entidad. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario: la Procuradora General de Justicia, Ernestina Carro Roldán, en su comparecencia ante el Congreso del estado el pasado mes de enero, hizo aseveraciones que mostraron la reducida visión del gobierno sobre la problemática, además de proporcionar datos confusos sobre la atención del delito. 

Otro elemento que muestra la inaceptable falta de reconocimiento del problema por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo es que el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2023, en el rubro destinado a la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas, establecido en el artículo 43, no está vinculado al Programa estatal contra la trata de personas. Por poner un ejemplo, se destina un monto a la “Transformación de la fiesta brava como impulsor económico y turístico en la nueva historia de Tlaxcala” indicándose que es parte del presupuesto del Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Lo anterior, además de absurdo, es una muestra de lo poco que importa la política pública en materia de trata de personas al gobierno estatal. Lo poco o nada que importan las mujeres que en este instante están siendo violentadas, vendidas, explotadas, denigradas en las redes de tratantes.

El gobierno del estado busca mostrar la imagen de una Tlaxcala grata al turismo y la inversión, y para ello ha pretendido minimizar la trata de mujeres y niñas. La realidad que se comenta en las comunidades y que se ve en muchos municipios nos muestra lo contrario. Lo mismo muestran las noticias que asientan la persistencia de las redes de trata que operan a nivel internacional desde Tlaxcala, como lo evidenciaron notas sobre la reciente detención, el pasado mes de febrero, de un tratante capturado en Tenancingo para ser extraditado a los Estados Unidos de América, cuyo gobierno en su último reporte sobre trata de personas (2022) mencionó que “el gobierno identificó los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero como de alta prevalencia de trata, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún tratante por lo menos por segundo año consecutivo”. Así, la gravedad de la trata en Tlaxcala es visible más allá del estado y del país.

Pretender invisibilizar la trata de mujeres no elimina el problema, sino por el contrario, lo acrecienta, pasando el gobierno de Tlaxcala por encima de leyes estatales, nacionales e internacionales, que bien determinan la responsabilidad que tienen ante esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.

Instamos al gobierno estatal a reconocer la trata de mujeres y niñas tal como ocurre, y a operar de manera efectiva y coordinada el Programa Estatal en la materia, instaurando mecanismos de monitoreo. Demandamos que asuman su responsabilidad y obligación ante ello. Tlaxcala sí existe, y claramente la trata también.

¡Nos queremos libres de trata y de cualquier violencia hacia las mujeres!