El 18 de marzo pasado recibimos, en visita oficial, al Dr. Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estuvimos presentes el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (CFJG), la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV), la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala (DCIC), el Grupo Académico Interuniversitario de Investigación e Incidencia del Alto Atoyac (GAIIIAA), diversos colectivos y comunidades. Durante su visita, escuchó aportaciones científicas sobre la situación de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) y los testimonios de madres, juventudes e infancias que han perdido familiares por enfermedades crónico-degenerativas ocasionadas por la contaminación industrial tóxica, que padecen la exposición a tóxicos y la negación del derecho a un futuro pleno.
Al respecto, el Relator Orellana recalcó que la problemática de la CAA “se debe no solamente a un problema actual o reciente de contaminación, sino que vienen de un abandono de décadas donde el Estado tenía que actuar de manera más robusta para regular, hacer efectiva la regulación, sin embargo, no lo ha hecho”. En su conferencia de prensa del 20 de marzo señaló su preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio como consecuencia del crecimiento industrial y falta de atención del gobierno hacia políticas públicas y acciones concretas para atender estas emergencias, incluyendo planes de justicia ambiental. Después de reconocer los testimonios de padres y madres que han tenido que enterrar a sus hijos por exposición a sustancias peligrosas, agregó que las normas en México “no son lo suficientemente robustas para asegurar los derechos humanos de las personas que se pueden ver expuestas a la contaminación que genera la industria.”
Durante el acto de bienvenida, Marisol Flores Garcia, directora del CFJG, denunció que la devastación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) es producto de seis décadas de industrialización sin controles adecuados en la región, así como de la omisión, negación o simulación gubernamental, lo que ha resultado en la presencia de al menos 112 contaminantes ubicados en los ríos Atoyac y Zahuapan. Por su parte, Laura Méndez Rivas, de la CAV, manifestó que las comunidades ribereñas del río Atoyac fueron las primeras en denunciar, hace 25 años, las muertes de la población por enfermedades como el cáncer, leucemia, trombocitopenia y malformaciones congénitas, relacionadas con los tóxicos presentes en la región. Asimismo, recordó los accidentes industriales ocurridos en 1975, 2009 y 2010 en la región de San Martín Texmelucan, Puebla y Tepetitla y Nativitas, Tlaxcala, en los que se incendió el río Atoyac, provocando la enfermedad y muerte de muchas personas. Por último, el Pbro. Marco Antonio Padilla Aguilar, Presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, expresó la preocupación por la cultura del descarte que afecta a las personas más pobres y señaló la importancia de cuidar los bienes naturales para el beneficio de todas las personas, tanto las que hoy habitamos en Tlaxcala como las que vendrán en las futuras generaciones.
Durante su recorrido, el Relator observó personalmente la descarga de aguas residuales tóxicas de las empresas del Corredor Industrial Huejotzingo, en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla. Asimismo, visitó la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Martín Texmelucan que, como señaló Alejandra Méndez Serrano del CFJG, es un ejemplo de política pública fallida impulsada por décadas, en la que se invierten millones de pesos para que solo algunas PTAR funcionen por debajo de su capacidad, otras no operen y, en ningún caso, tengan la capacidad de tratar contaminantes industriales, porque muchas empresas utilizan la red de drenajes municipales para verter sus residuos sin vigilancia alguna.
En presencia del relator, varios académicos del GAIIIAA presentaron información científica relevante sobre la situación de devastación de la CAA y sus impactos en la salud. La Dra. Gabriela Pérez Castresana, de la Universidad Iberoamericana, Puebla, hizo énfasis en la alarmante situación de salud de las juventudes e infancias por afectaciones relacionadas con la toxicidad industrial que, en las zona más bajas y urbanizadas de la cuenca puede alcanzar niveles hasta 8 veces por encima de los niveles permisibles. Indicó que en la última década, la mortalidad por infarto en jóvenes, que incluyen casos de infancias de 12 años, se incrementó un 100% además de la incidencia de diferentes tipos de cáncer y enfermedades del sistema nervioso. Por su parte, el Dr. Andrés Barreda Marín de la Facultad de Economía de la UNAM, mencionó que los estudios realizados por un equipo de investigación del IMSS en los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca evidenciaron que de entre mil casos de leucemia infantil, 400 se ubicaron en las proximidades del río Atoyac. Asimismo, enfatizó que el actual gobierno no está retomando estas investigaciones para las acciones del plan de saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac.
Como parte del recorrido, el relator presenció la medición en tiempo real, realizada por el Dr. Omar Arellano Aguilar, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM, en la que se confirmó la presencia de tóxicos como el cloruro de vinilo y clorobencenos con altos índices de peligrosidad, y que cotidianamente pueden encontrarse en diversos puntos de los ríos Atoyac y Zahuapan. Al respecto, señaló la necesidad de actualizar y mejorar la normatividad para el monitoreo de sustancias tóxicas que tienen impactos directos en la salud. Finalmente, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertó que esta crisis socioambiental se traduce en violaciones a los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua y a la vida de la población. Por ello, solicitó al relator que en su informe subraye la obligación del Estado de prevenir la exposición de la población a las sustancias tóxicas, como la mejor protección de sus derechos humanos.
Las comunidades, a través de la CAV, recordaron la memoria histórica ambiental y campesina de la región que garantizaba el derecho a una alimentación digna y suficiente, a un medio ambiente sano y a la salud y dieron testimonio de la muerte sus hijos y las dificultades para acceder a la atención médica por falta de infraestructura y de especialistas en la Cuenca del Alto Atoyac y por los impactos a la economía familiar.En su testimonio, las infancias y juventudes señalaron las afectaciones en su salud y aseveraron que se trata de una situación dolorosa en tanto que se les niega el disfrute de sus derechos humanos por lo que hizo un llamado a luchar colectivamente por una vida digna, ya que las industrias están matando a las personas que habitan la Cuenca del Alto Atoyac.
Desde hace más de dos décadas, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, el Grupo Académico Interuniversitario de Investigación e Incidencia del Alto Atoyac, hemos denunciado la devastación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac y hemos demandado que el gobierno genere un Plan de saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac. Así lo seguiremos haciendo hasta alcanzar la justicia, pues está en juego la vida de quienes aquí vivimos y también de quienes en un futuro la habitarán.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
¡Queremos un Atoyac – Zahuapan sin venenos industriales!
