San Andrés Cholula, Puebla, a 20 de noviembre de 2025

Hace 22 años, el 29 de septiembre de 2003, en México entró en vigor el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido comúnmente como Protocolo de Palermo. Luego, en 2007, nuestro país promulgó la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas; y en los siguientes años se crearon leyes y programas generales y estatales con el fin de enfrentar esta problemática.

A pesar de ello, las organizaciones firmantes constatamos que la trata de personas en la región Puebla-Tlaxcala, particularmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, sigue siendo un problema que es poco atendido, perseguido y bastante grave por los impactos que las violaciones a los derechos humanos dejan a las víctimas.

Como es sabido, en nuestros estados la trata de personas se vincula con los delitos de desaparición forzada y feminicidio, lo que denota la complejidad y magnitud del problema no solo en términos de la comprensión del fenómeno, sino también del patrón sistemático con el que la violencia contra las mujeres sucede en estos territorios. Prueba de ello es la Declaración de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que ambos estados tienen activa y, con ello, una serie de acciones urgentes que el Estado debe realizar de manera progresiva para la eliminación de estas violencias, hecho que en ninguno de los estados ha ocurrido.

Para el caso de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, algunos datos que muestran la continuidad de este problema son los siguientes:

En Puebla. De acuerdo con el segundo informe “Trata de personas en México” de Hispanics in Philanthropy (2021), los municipios identificados como zona de riesgo en Puebla son: la sierra Norte de Puebla y los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan, Puebla, Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Cholula, Zacatlán y Huixcolotla.

 Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2022, la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla, vía acceso a la información, reportó que se iniciaron 257 averiguaciones previas y carpetas de investigación, en donde se identificaron 280 víctimas, de las cuales el 63 por ciento son mujeres (177), el 15 por ciento varones (42) y en el 22 por ciento no se identificó el sexo de la víctima (61).

En Tlaxcala. De acuerdo con un seguimiento hemerográfico realizado por el Centro Fray Julián Garcés, de 2009 a la fecha se observa que las redes de trata tlaxcaltecas enganchan a mujeres y niñas en 17 estados de la República mexi- cana, las prostituyen en 21 estados y también operan para la explotación sexual en 7 entidades de Estados Unidos.

De 2022 a junio de 2025 se han abierto 19 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala —hoy Fiscalía—. En el mismo periodo, según información obtenida vía acceso a la información, la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala ha atendido a 53 mujeres víctimas de trata con fines sexuales. Sin embargo, preocupa que hasta la fecha este estado no cuente con un refugio especializado que las proteja y apoye en su proceso de reconstrucción de vida. Estas cifras contrastan con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuales no se reporta un solo caso para Tlaxcala de enero de 2023 a septiembre de 2025.

Por lo anterior, y dado que Puebla y Tlaxcala se constituyen como una sola región, quienes suscribimos este pronunciamiento demandamos a ambos gobiernos estatales: 

1. 1. Fortalecer la aplicación de la legislación y la política pública para prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas y garantizarle el acceso a la justicia, así como la persecución y sanción de los responsables y de las redes de trata que operan en ambos estados.
   2. Operar de manera eficiente los Programa Estatales para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas.
   3. Coordinar los esfuerzos de la Fiscalía General de los estados con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para la realización de acciones inmediatas para la localización de mujeres reportadas como desaparecidas, especialmente cuando haya presunta participación de redes de trata de personas.
   4. Operar la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas en Puebla, la cual es responsable de la coordinación de acciones en la materia, según se establece en la Ley estatal publicada en 2012.
   5. Impulsar la creación de refugios regulados por el Estado para atender a víctimas de trata de personas.
   6. Capacitar de forma continua a los operadores de la justicia para evitar la revictimización de las personas que han sido explotadas y sancionar a los responsables de estos delitos acordes a los impactos que han dejado en las víctimas.
   7. Impulsar un proceso de prevención de trata de personas en las escuelas de todos los niveles educativos, basado en el contexto regional y desde una perspectiva comunitaria y antipatriarcal. A partir de algunas experiencias en el estado de Tlaxcala, se ha demostrado que estos procesos favorecen una formación crítica de la comunidad educativa frente a la explotación sexual que puede ayudar a contribuir a su erradicación.

Finalmente, llamamos a las organizaciones de la sociedad civil y a las académicas y académicos de esta región a sumar esfuerzos para continuar documentando esta problemática, visibilizándola e incidiendo para que finalmente las mujeres y las niñas puedan vivir una vida libre de violencia y de explotación sexual. 

Atentamente

“La verdad nos hará libres”

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.

Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas Académicas y académicos comprometidos contra la Trata de Mujeres