Pronunciamiento | Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia
26/01/25

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Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia

Ocotlán, Tlaxcala, 25-26 de enero de 2025 

Este Primer Encuentro reunió, en la Basílica de Ocotlán, en el estado de Tlaxcala, a 186 compañeras y compañeros, procedentes de 18 entidades federativas y 65 organizaciones de base comunitaria.

Contexto y situación nacional de emergencia sanitaria y ambiental 

Somos integrantes de comunidades, colectivos, organizaciones y la academia comprometida que, en muchos casos desde hace décadas, hemos atestiguado el deterioro progresivo de nuestro entorno y de la salud de nuestras familias y comunidades, lo cual nos motivó a organizarnos localmente para resolver ese y otros problemas. En nuestras regiones proliferan enfermedades crónico-degenerativas provocadas por nuestra exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, cuya acumulación en nuestros territorios ha sido provocada por tecnologías nocivas, concentración urbana y actividades extractivas nocivas, a la vez que permitida, tolerada y hasta encubierta por las autoridades de todos los signos políticos, incluso las que actualmente gobiernan nuestro país. Este encuentro es producto de la necesidad que todas y todos los aquí presentes, y quienes se sumaron virtualmente, sentimos de generar una fuerza social amplia, diversa y heterogénea, pero unificada y orientada al bien común, para que en nuestro país estos problemas no se minimicen ni banalicen y se empiece a poner un verdadero freno a la devastación socio-ambiental que nos está matando como condición indispensable para la recuperación de nuestros entornos vitales.

Nuestras luchas son la expresión viva de que nuestro país —por la forma en que está firmemente subordinado económica, política y jurídicamente a las necesidades de abasto, comercio y despilfarro de Estados Unidos— ha sido empujado a tener que aceptar múltiples formas de un envenenamiento sistemático que derivan de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y en todos los territorios del país. Como se mencionó en la inauguración del Encuentro, nuestra exposición a esas sustancias y procesos contaminantes nos ha privado del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, así como a la información verdadera (colectiva y científica), a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados a aquellos. Como mencionó la compañera Laura Méndez, de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, nos han despojado hasta del derecho a morir tranquila y dignamente.

Reconocemos que, en su conjunto, la destrucción de nuestro ambiente, nuestra salud y nuestro tejido comunitario es producto de una larga historia de despojos, de introducción de industrias, minas, cultivos transgénicos, sustancias y residuos de enorme toxicidad cuya concentración en las tierras, las aguas, los suelos y nuestros organismos escalaron y se masificaron durante el neoliberalismo. Durante las últimas cuatro décadas, los gobiernos neoliberales, con el cuento de que México necesitaba atraer inversión extranjera facilitando el acceso a nuestra fuerza de trabajo y desregulando el sobre uso de su naturaleza y espacio, implementaron una sofisticada ingeniería jurídico-institucional para desmantelar, distorsionar y desvirtuar todas y cada una de las capacidades gubernamentales de inspección, vigilancia, análisis y sanción frente al despojo y destrucción de nuestro medio ambiente y nuestra salud. Uno a uno, los gobiernos neoliberales, a través de tratados de libre comercio y el desmantelamiento de muchas de sus funciones regulatorias, propiciaron la introducción de inversiones extranjeras, principalmente estadounidenses, que condujeron, entre otras cosas, a la proliferación de regiones y sitios de emergencia sanitaria y ambiental, a la degradación de las zonas aledañas a las industrias extractivas mineras y petroleras, al crecimiento exponencial de los accidentes industriales, los derrames y fugas de sustancias tóxicas y cancerígenas, al empleo irrestricto de plaguicidas altamente peligrosos (en ocasiones prohibidos en otros países), así como el ingreso de insumos químico industriales altamente peligrosos, alimentos altamente procesados con sustancias nocivas a la salud, la siembra y la importación masiva de transgénicos que contaminan nuestras semillas, la concentración de megagranjas industriales expulsadas de Estados Unidos, la propagación del monocultivo de plantaciones de aguacates, berries y otros cultivos de exportación, sin olvidar la hiperconcentración, en corredores y parques industriales, de fábricas de autos, componentes aeronáuticos y electroinformáticos, sustancias químicas, plásticos, productos semielaborados para su ensamblado en las fábricas globales, la construcción de proyectos inmobiliarios que, sin ordenamiento alguno, afectan las zonas forestales, como el bosque de agua que da servicios ambientales a tres entidades federativas, así como el vertido, emisión y desecho impune en el ambiente de todo tipo de residuos tóxicos, cancerígenos o radiactivos y las montañas de residuos asociados al crecimiento del consumo urbano de todo tipo de productos nocivos cada vez menos reciclables.

Como resultado general de todo este proceso histórico de destrucción, en nuestras comunidades abundan ya las personas severamente enfermas y fallecidas por padecer todo tipo de cánceres, incluyendo las leucemias infantiles, la insuficiencia renal crónica, las malformaciones congénitas, las enfermedades autoinmunes, la anemia, la púrpura trombocitopénica, entre muchas otras, pero también hemos sido despojados de nuestras tierras, costas, aguas y aires limpios, mediante decisiones gubernamentales que las ofrecieron como sumideros, espacios y ecosistemas destruibles, como parte de la negociación del TLCAN y el TMEC y que incluso los gobiernos de la 4T han sido hasta ahora incapaces de frenar o revertir, y que no se compensarán con el solo aumento de los salarios y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, hemos sufrido la violación de todos los derechos que nos otorga nuestra Constitución, mientras las autoridades aprovechan su descoordinación inducida y la fragmentación de sus competencias para omitir el cumplimiento de sus obligaciones.

Si bien reconocemos la voluntad política antes inexistente de mejorar los ingresos y el empleo de toda la población, de reconstruir la vida campesina y la educación del país, de reforestar una parte significativa del país y de incluso reconocer que es necesario atender la contaminación en los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, entre otras cosas, también manifestamos nuestra preocupación e indignación por la aplicación de planes gubernamentales que promueven la construcción de parques industriales, el nearshoring y la minería a cielo abierto sin haber reconocido antes el daño irreversible que ha sufrido históricamente el pueblo y el territorio nacional, sin haber diagnosticado y corregido el régimen de impunidad del que gozan los grandes capitales, así como la destrucción institucional y jurídica que apuntaló estas pérdidas, sin que las empresas extranjeras y nacionales, privadas y públicas, hayan resarcido mínimamente todas las destrucciones generadas, sin que se reconozca la importancia estratégica de la participación organizada de las comunidades y pueblos en la realización de diagnósticos regionales y en la búsqueda de soluciones. Todo lo cual nos indica que estamos muy lejos de una situación segura que le garantice a nuestra población y a nuestra naturaleza una vida saludable y de calidad con garantías de no repetición de procesos contaminantes en regiones como el Río Sonora, La Laguna, las zonas áridas y semiáridas de Chihuahua, los Mochis, Sinaloa, sólo por mencionar algunas de las áreas geográficas más lastimadas.

Son innumerables los agravios que nos aquejan, pero deseamos pronunciarnos en relación con los siguientes problemas locales y regionales:

  1. Exigimos poner un alto definitivo a la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales, especialmente de la montaña Malintzi o Matlalcuéyetl. En ese sentido, exigimos que se cancele el proyecto turístico-destructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, Puebla.
  2. Exigimos detener el ingreso de material radiactivo al municipio de Temascalapa, Estado de México.
  3. Exigimos la prohibición de la entrada a México, la comercialización y uso de insecticidas dañinos que matan a las abejas.
  4. Exigimos detener la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
  5. Exigimos frenar el uso de tecnologías que afectan el ciclo socio-natural del agua, dañando a las comunidades en su producción campesina y en su entorno.
  6. Demandamos la cancelación de todos los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas, porque destruyen los territorios y alteran los flujos superficiales y subterráneos de agua, permitiendo la mayor concentración de contaminantes.
  7. Exigimos que el Congreso federal modifique la LGEEPA para establecer la figura de entidad federativa envenenada y el estado de Yucatán sea declarado como entidad envenenada, por la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agroexportadoras y turísticas.
  8. Demandamos el cierre de las granjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes, en Yucatán, donde sobreviven pueblos originarios en 53 municipios.

Desde este espacio reconocemos el trabajo constante que han realizado en la Cuenca del Alto Atoyac la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala. Su lucha es un ejemplo nacional de persistencia y búsqueda de justicia desde una articulación eficaz entre las comunidades afectadas y científicas y científicos comprometidos, un modelo que puede ser replicado en otros lugares del país. Nos duelen las muertes que han ocurrido en este territorio y las que seguirán ocurriendo como consecuencia de la toxicidad provocada por la industria desregulada.

Nos sumamos a sus exigencias para alcanzar la Restauración Integral de la Cuenca del Alto Atoyac y llamamos al gobierno federal y al del estado de Tlaxcala para que el saneamiento que se ha anunciado para esta Cuenca no sea un nuevo acto de simulación, basado sólo en la construcción de plantas de tratamiento y que se incluyan, entre otros, los siguientes elementos:

  1. La participación de las comunidades, colectivos, organizaciones afectadas, científicas y científicos quienes históricamente han documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral.
  2. Retomar la información generada durante el sexenio pasado a través de los Proyectos de investigación e incidencia (Pronaiis) del entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
  3. Que el saneamiento se realice con perspectiva de cuenca, es decir, en todos los 52 municipios de Tlaxcala, 3 del estado de México y 23 de Puebla, y no sólo en la parte de Tlaxcala.
  4. Que en el plan se incluya el control de los agentes tóxicos y cancerígenos no sólo presentes en el agua sino también en el suelo y aire.
  5. Que se prevengan y atiendan las enfermedades de las personas y comunidades afectadas, desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica de los procesos de salud-enfermedad en materia ambiental y ocupacional.

En ámbito nacional hacemos las siguientes exigencias:

  1. Defensa de la soberanía nacional frente a cualesquiera actos de injerencia sobre políticas internas de México en materia ambiental, laboral y sanitaria, así como ante actos de agresión en contra de su población, ya sea en nuestro propio territorio o en el extranjero.
  2. Reconocimiento de la profunda situación de injusticia socio ambiental que ya prevalece en la mayor parte del país, mediante acciones concretas que hagan efectivos los escasos instrumentos de defensa de derechos con los que cuenta el pueblo de México.
  3. Revisión crítica de los marcos regulatorios en materia de agroquímica, salud laboral, asbesto, contaminación de aguas, aires y suelos, acceso popular y gestión de recursos vitales, bioseguridad, etc, así como en cuanto a la regulación de riesgos y la responsabilidad por daños ambientales y sanitarios, además de los procedimientos de creación de normas técnicas relativas.
  4. Demandamos poder intervenir en la revisión del Plan México y otros programas de promoción del nearshoring en México.
  5. Respeto al laboratorio nacional de toxicología y fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas y analíticas del país, así como su puesta inmediata al servicio de las necesidades comunitarias.
  6. Reconocimiento de contralorías ciudadanas de agua, aire y suelos, así como ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y de los procesos de democratización de las instituciones públicas.
  7. Freno a las importaciones de residuos tóxicos al país y regulación de los que circulan en México, así como adopción inmediata de un plan nacional de basura cero.
  8. Demandamos la aplicación de un verdadero instrumento de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para participación de las comunidades en las decisiones de planes, programas y proyectos de gobierno.
  9. Revisión de la formación profesional en múltiples ámbitos estratégicos para la defensa de derechos y la reconstrucción de nuestros entornos vitales.
  10. Derogación de la Ley de Aguas Nacionales, neoliberal salinista, y promulgación de una única Ley General de Aguas, que garantice el más alto grado de cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Demandamos al congreso federal la revisión de la Ley Minera, la Ley energética y la recuperación del sentido social del artículo 27 constitucional.
  11. Exigimos el cese a la persecución política, la criminalización y las agresiones a las personas defensoras de los territorios, la salud y los derechos humanos. Demandamos justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinadas o desaparecidas, así como a quienes están llevando procesos criminales en su contra

Atentamente

  1. Amigos Unidos Trabajamos por ti A.C.
  2. Artemali Ocoxal
  3. Asamblea Ciudadana Micelio de Jilotzingo
  4. Asamblea Comunitaria del Pueblo Indígena de Alpuyeca
  5. Asamblea Tianguis
  6. Asociación de Productores Ecologistas Tatexco A.C.
  7. Atlihuetzian en Resistencia
  8. Centro de Economía Social “Julián Garcés” A. C.
  9. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
  10. Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder-BUAP)
  11. COCHIP
  12. Colectivo 4 de octubre
  13. Colectivo Ambiental Diente de León
  14. Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, municipios Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco.
  15. Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi, Tlalcuapan
  16. Colectivo en Defensa del Territorio Tlaltelulco
  17. Colectivo Maya de los Chenes
  18. Comisaría de Santa María Chi y Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua Yucatán
  19. Comisión de Agua San Lorenzo Almecatla
  20. Comité de Derechos Humanos “Los Jicotes” de Xicohtzinco
  21. Comités de Cuenca Río Sonora
  22. Contraloría Autónoma del Agua de Cuautlancingo
  23. Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna
  24. Contraloría Autónoma del Agua de Morelia
  25. Contraloría Estatal Autónoma del Agua de Puebla
  26. Contraloría Autónoma del Agua Huasteca Potosina
  27. Contraloría Nacional Autónoma del Agua
  28. Cooperativa Xihpahtli
  29. Coordinadora en Defensa de los Pueblos y del río Atoyac
  30. Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional CNPA-MN
  31. Coordinadora por un Atoyac con Vida
  32. Equipo Promotor de la Pastoral Social del decanato Misericordia, Apizaco
  33. Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa
  34. Grupo Cihuatl
  35. Grupo de Pastoral Social de la Parroquia Cristo Resucitado, Tlaltepango, San Pablo del Monte
  36. Grupo de Pastoral Social de la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, Chiautempan
  37. Grupo de Pastoral Social de la Parroquia de San Antonio de Padua, Acuamanala
  38. Grupo de Pastoral Social de la Parroquia de Señora Santa Ana, Chiautempan
  39. Grupo de Pastoral Social de la Parroquia San Miguel Arcángel, Tenancingo
  40. Grupo de Pastoral Social de San Diego Metepec, Tlaxcala
  41. Grupo de Pastoral Social de San Juan Bautista, Totolac
  42. Guardianes de los Volcanes y Colectivos Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México.
  43. Humanos por Amor a la Tierra. El Hermano de Asís.
  44. La Isla
  45. Las Hijas de la Matlalcueyetl, San Pablo del Monte, Cuauhtotoatla.
  46. Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) – Morelia
  47. Movimiento No al basurero
  48. Movimiento No al Libramiento Calpulalpan, Tlaxcala.
  49. Mujeres Colibrí Colectiva Lésbica Indígena
  50. Muuch-Kambal A.C.
  51. Nektli
  52. Ojito de Agua, Apizaquito
  53. Organización Nacional de Comités de Ordenamiento Ecológico y Defensores del Territorio (ONODET)
  54. Red de Comités de Sistemas Comunitarios de Agua
  55. Región Norte de Veracruz
  56. Región Oriente de Los Azufres del estado de Michoacán
  57. Resa del Alto Lerma
  58. Salamanca
  59. Sinaloa Despierta. Colectivo AQUÍ NO
  60. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre
  61. UPREZ Ciudad de México
  62. UPREZ Estado de México
  63. UPREZ Palo Alto
  64. UPREZ San Luís Potosí
  65. Vecinos Organizados Tetlanohcan y Telpuchcualli A.C.

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