La sentencia internacional a red de tratantes y la urgencia de una visión integral de atención  

Feb 20, 2022


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Comunicado 01/2022.
20 de febrero, 2022.

En días pasados se extendió a nivel nacional e internacional la noticia sobre la sentencia de hasta 39 años de prisión, emitida por la Corte Federal del distrito este de Nueva York en USA, a cinco integrantes de la red de tratantes Meléndez Rojas, oriundos del municipio de Tenancingo, Tlaxcala. Si bien lo anterior es relevante en materia de acceso a la justicia para las víctimas, evidencia nuevamente que hay un problema patente en el estado que sigue sin ser atendido de manera adecuada e integral.

Los testimonios de las víctimas que denunciaron esta red, difundidos en diarios internacionales y nacionales, indignan: violencia, engaños, abusos sexuales, amenazas, control y secuestro. A su vez dichos testimonios reiteran los mecanismos de enganche y el impacto en las mujeres y niñas, que hemos denunciado desde hace más de tres lustros desde el Centro Fray Julián Garcés.

La red de tratantes referida llevaba más de diez años operando, hasta que una de sus víctimas logró escapar. Y, sin acceso expedito a la justicia, cinco años después los victimarios fueron sentenciados. Los hechos son una muestra de lo que sigue operando en Tlaxcala, México y Estados Unidos. Los testimonios que se han vertido son la vivencia de muchas víctimas ahora mismo, y pueden ser la vivencia de muchas otras si no se realizan estrategias claras y efectivas que prevengan esta grave violación a derechos humanos que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

La noticia reitera que Tlaxcala continúa siendo territorio de alerta por la operación de tratantes y por la existencia de las víctimas a quienes han sometido. A pesar de ello, incoherentemente el gobierno en el estado se empeña por desconocer la problemática. Esta semana el Secretario de Gobierno, Sergio González, en su comparecencia ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del estado refirió que “no hay delincuencia organizada en Tlaxcala”, cuando claramente operan redes de tratantes en medio de toda impunidad y en presunto contubernio con agentes de Estado. Es inadmisible que el también Presidente del Consejo Estatal contra la Trata (de acuerdo con el Art. 40 de la Ley estatal en la materia) muestre tal desconocimiento de la problemática, además de seguir sin convocar al Consejo para que elabore y apruebe el Programa Estatal contra la Trata de Personas 2021-2027.

Asimismo, en este mismo mes, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que la trata ha disminuido un 83% en la entidad. Por su parte, la Procuradora General de Justicia del estado, Ernestina Carro Roldán señaló en octubre de 2021 que “de los 60 municipios en Tlaxcala, solo en 15 se han detectado indicios de trata de personas”. Mientras que la presidenta municipal de Tenancingo, Micaela Guzmán, en noviembre pasado negó que existiera trata en su jurisdicción.

El terrible desconocimiento, desinterés y/o connivencia del funcionariado encargado de atender la trata de mujeres y niñas no puede ser aceptado por la ciudadanía. La trata no se reduce al número de denuncias interpuestas ante la Procuraduría Estatal, o a la Fiscalía General de la República. Hacerlo implica una clara ignorancia y confabulación patriarcal para permitir la continuidad del problema. Asimismo, no reconocer que hay redes de tratantes operando en Tlaxcala y decir que no hay delincuencia organizada implica tener nula capacidad para hacerse cargo de esta expresión grave de violencia.

En 2021, al emitirse la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, refirió que “Tlaxcala se encuentra entre las entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación sexual”. El problema es evidente, mientras que la atención que se le da es absurda.

Así, frente a la reciente sentencia de la red Meléndez Rojas de Tenancingo, es sumamente relevante reconocer que el acceso a la justicia para las víctimas no es lo que sucede comúnmente, y que, para erradicar la trata de niñas y mujeres, no son suficientes las acciones de una Procuraduría —menos si esta es incapaz de reconocer la problemática— sino que requiere de una atención integral que, además de sancionar, prevenga y atienda esta grave violación a derechos humanos de manera integral como lo marca la legislación local, nacional e internacional. Por ello es urgente que el Consejo estatal contra la trata haga el trabajo que le corresponde y apruebe el Programa Estatal contra la Trata de Personas, estudiándose este con la participación de sociedad civil y academia, teniendo muy en cuenta que la prevención —particularmente la implementación de políticas públicas de reeducación masculina que desestructuren la generación de hombres explotadores o demandantes de las víctimas— es un eje esencial para evitar la proliferación de tratantes y la existencia de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual.

#NosQueremosLibresDeTrata

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