Diputados del Parlamento Europeo que integran la Caravana Toxi Tour México, que recorre desde el pasado 2 de diciembre las zonas más contaminadas del país, se comprometieron con habitantes de la región, a presentar un informe ante el Parlamento para denunciar a las empresas europeas asentadas en el corredor industrial de Tlaxcala, quienes realizan diariamente descargas que contaminan los ríos Atoyac y Zahuapan.
En el cuarto día de su ruta, la Caravana, integrada por más de 50 personas de 30 organizaciones nacionales e internacionales, visitó la ciudad de Tlaxcala, donde se reunió con organizaciones y pobladores de las comunidades afectadas quienes dieron sus testimonios y solicitaron a los integrantes de la Caravana su ayuda para exigir a las empresas causantes de la contaminación que dejen de hacerlo y la reparación del daño ya causado, y a las autoridades mexicanas crear condiciones para que se dé la justicia ambiental.
Al respecto la eurodiputada española, María Eugenia Rodríguez Palop, integrante de la Caravana se comprometió a llevar la voz de las comunidades al Parlamento Europeo para denunciar lo que están ocasionando las empresas europeas: “Estamos muy impresionadas por la magnitud del desastre ambiental que hemos visto, nos sentimos muy responsables de lo que ocurre aquí, porque buena parte de las empresas que están cometiendo estas atrocidades son de origen europeo, nuestra misión es controlar a este capital que se internacionaliza y vulnera todo tipo de derechos sociales y ambientales y hace aquí lo que no se le permite hacer en nuestros países.”
A unos pocos metros de una de las descarga industriales al río Atoyac, la Parlamentaria remarcó: “Tenemos con ustedes una deuda ecológica, tenemos que asumir la responsabilidad que nosotras como personas electas tenemos en esta circunstancia: exigir a nuestros gobiernos que controlen a estas empresas.”
Por su parte Mikel Otero, parlamentario del País Vasco, se mostró sorprendido por los testimonios y el desastre ecológico que se vive en Tlaxcala, en Jalisco, Hidalgo y Puebla. “Nosotros estamos muy impresionados, nos vamos de aquí con dos tareas importantes: una es que se sepa en el parlamento europeo y en diferentes parlamentos de los Estados y las regiones de Europa lo que está pasando aquí. El segundo es que muchas de las empresas que operan aquí y que causan este desastre ambiental son empresas de capital europeo, español, francés, estadounidense, y esas empresas las tenemos que hacer que apliquen los estándares ambientales que se les obliga aplicar en Europa.”
Leila Chaibi, también diputada del Parlamento Europeo, se comprometió con las y los habitantes afectados para buscar que se sancione a las empresas que no tratan sus aguas y las descargan a los ríos. “Nadie puede pasar tres días sin agua, el agua es la que da la vida, pero aquí el agua es lo que da la muerte. Vamos a regresar a Europa para denunciar a las empresas transnacionales que están contaminando los ríos en México. Denunciar la responsabilidad de las organizaciones como el Parlamente Europeo que acaba de decretar hace dos semanas el estado de Emergencia Climático y Ecológico y al mismo tiempo firma un tratado de libre comercio que impide vivir una vida digna en un ambiente sano. Eso no puede continuar.”
Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., denunció que la contaminación y sus efectos a la población es una forma de violencia como cualquier otra que se vive en el país, pero esta es lenta y a cuenta gotas. Detalló que, en el año 2005, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que el río Atoyac recibió más de 81 mil 700 toneladas de sustancias contaminantes como tolueno y benceno.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2017, emitió la recomendación 10/2017 dirigida al gobierno federal, a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, a cinco municipios y cuatro secretarías, por ser omisos ante la contaminación del río Atoyac que afecta a más de 70 mil personas que viven en la zona.
El pasado 22 de octubre del 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), resolvió a favor las Comunidades que viven en la cuenca Atoyac – Zahuapan, y solicitó al Estado Mexicano que cumpla su obligación de sanear los ríos y garantizar los derechos a un ambiente sano, a la salud, a la información, al agua y su protección por encima de los intereses industriales y privados.
Sin embargo, hasta el día de hoy, las empresas asentadas en el Corredor Industrial Quetzalcóatl, siguen arrojando diariamente 78 mil toneladas de sustancias contaminantes, metales pesados y tóxicos en la cuenca Atoyac – Zahuapan.
