Nos encontramos en un momento complejo en términos de derechos humanos tanto a nivel local, como regional y nacional, donde problemas que ya estaban presentes, se agudizan: violencia generalizada, aumento en las desapariciones de personas, perspectiva militarizada del gobierno, proyectos económicos que afectan a las comunidades y al medio ambiente, así como la desestimación de personas defensoras, organizaciones y periodistas por parte del Estado. Todo ello sigue rasgando el tejido social, amenazando la defensa de nuestros derechos y generando muerte.

Aunado a lo anterior la pandemia por el Covid19, que no termina todavía, continúa evidenciando la desigualdad estructural en que vivimos, y el deficiente sistema de salud en el país. Las solidaridades, sin embargo, han permitido a las comunidades y familias salir adelante no sin pérdidas humanas y materiales, y con la profundización de afecciones en la salud.

Localmente se constata un incremento en la población migrante que atraviesa el estado y los riesgos que enfrentan. También se ha potenciado la violencia familiar y los delitos sexuales; los abusos policiacos; la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas o al robo de hidrocarburos, además de a la trata de personas, y se han profundizado problemáticas tan graves como las que desde el CFJG atendemos: trata de mujeres y niñas  con fines de explotación sexual, y la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac.