Por Emilio Muñoz Berruecos/ Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés

En México, desde el año 2007 existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que en su artículo primero especifica: su objeto es “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad  y de no discriminación…”. Asimismo, en su artículo tercero manifiesta: “todas las medidas que se deriven de la presente ley garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida”.

En la LGAMVLV se establecen las tareas, responsabilidades y mecanismos que deben implementar las autoridades para que las mujeres puedan tener un desarrollo integral y sean reconocidas como personas con derechos; sin embargo, su aplicabilidad se ha quedado en letra muerta, resultado de ello es que cada día la violencia aumenta, se ve reflejada en la cotidianeidad de la vida, cuando se sabe de la desaparición de una mujer, adolescente o niña, que se encontró el cuerpo de una mujer sin vida, que ha sido violada, golpeada, acosada o que está siendo explotada sexualmente. Esta situación demuestra que en México ser mujer se ha convertido en una condición de riesgo y que históricamente el papel de ellas ha sido al servicio del sistema patriarcal, mismo que contribuye al control, cosificación y discriminación de las mujeres, generando que no exista un desarrollo pleno en las esferas de la vida como lo mandata la ley.

Para el caso de Tlaxcala, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) tiene registrados 14 mil 41 casos de violencia hacia la mujer y se sabe que 11 mil 224 (80 por ciento) de los agresores fueron hombres.

Quienes son responsables de aplicar la LGAMVLV no logran hacerlo de manera eficaz, lo cual contribuye a la normalización de la violencia hacia las mujeres, lejos de dar respuestas para frenar la violencia, desde la impunidad (entre 2011 y 2017 solo el 4 por ciento de denuncias por trata de mujeres alcanzaron sentencia condenatoria firme) y la minimización (ejemplo de esto último es que se registran formalmente menos feminicidios de los que mediáticamente se señalan), contribuyen para que el problema siga presente.

Es claro que a las mujeres no se les ha garantizado el derecho a vivir libres de violencia y ante sus demandas se les busca silenciar, las autoridades quieren que sigan sus reglas “calladitas se ven más bonitas”, piden que se manifiesten de forma educada y sin daños a espacios públicos, exigen que sean pacientes. Últimamente, incluso, se muestran “sensibles” ante los hechos violentos que han sucedido, haciendo comentarios de apoyo en sus redes sociales y “dando facilidades” a las acciones políticas que se están anunciando, como es el paro del próximo 9 de marzo.

Se aproxima el 8 de marzo, después de 13 años de aprobarse la LGAMVLV, la violencia hacia las mujeres sigue presente: la desaparición, el acoso, la violación, la explotación sexual y el feminicidio. Sigue sin haber políticas eficaces para la reeducación masculina, cuando está demostrado que somos los principales violentadores. En el marco del 8 de marzo las mujeres no necesitan buenos deseos, necesitan que las autoridades hagan su trabajo, que conozcan las leyes, las apliquen, trabajen coordinadamente, sancionen a los violentadores y reeduquen a los hombres. También se requiere que los hombres cambiemos, transformemos nuestras actitudes que les generan violencia, distribuyamos de manera equitativa el trabajo en el hogar y que respetemos el ejercicio pleno de sus derechos en todos los espacios de la vida.